Son una serie de leyes establecidas en la constitución nacional, se encargan de garantizar los derechos penales de cualquier civil. Cada persona que esté afrontando un proceso penal tiene la garantía de un trato digno y el respeto a su libertad de acción. La Fiscalía General de la Nación es uno de los organismos encargados de administrar y regular cada proceso legal, en el territorio nacional.
Jueces divididos en distritos, se ocupan de resolver estos casos, aplicar leyes y multas, medidas privativas de libertad u otras cosas.
Los Derechos Humanos que están estipulados a nivel mundial, acordados por todos los países, son estatutos imprescindibles en procesos penales.
Leyes establecidas por consenso, serán aplicadas a ciudadanos colombianos o extranjeros radicados en el territorio nacional, cuando esté inmerso en un proceso penal.
Cada persona deberá ser notificada del proceso en cuestión y no podrá ser violentada mientras sea inocente de todo cargo. Además de disponer del tiempo adecuado, para preparar su defensa y recopilar evidencias, que ayuden a su caso.
Cualquier ciudadano tiene el derecho de personalidad jurídica ante el estado y demás organismos gubernamentales.
La protección legal de los derechos básicos de la persona y sus familiares, de sus libertades individuales y beneficios sociales, es primordial.
Los servidores judiciales tiene el deber de hacer eficiente cada proceso penal, garantizar el libre desenvolvimiento del caso y las pruebas expuestas allí.
Proteger a los indefensos, económica o socialmente, ser imparciales y actuar en conformidad con lo establecido en este Código, eso es lo esencial.
👉 Misión del Código de Procedimiento Penal
Este Código tiene varias misiones en conformidad con los derechos de cada ciudadano colombiano, destaca los deberes de los jueces y sus competencias. El desarrollo de casos claros, en los que cada imputado pueda defenderse y aclarar su situación ante el juez competente.
Vale destacar que todo juicio realizado en el territorio nacional debe contar con pruebas veraces, jueces imparciales y una audiencia neutral y objetiva.
Cada actuación procesal parte del respeto hacia la libertad de cada individuo, sus derechos y opiniones, sin vulneraciones o amenazas previas al caso.
El Código de Procedimiento Penal le otorga poderes fundamentales a cada juez para sancionar, corregir y multar al ciudadano en conformidad con el caso desarrollado.
Este Código también asegura actos procesales públicos, esto quiere decir que cualquier individuo o medio de comunicación puede cubrir y relatar los sucesos del caso.
Los criterios de legalidad, imparcialidad, respeto e investigaciones, están atados a lo establecido en la ley, los jueces deben ser conscientes de esto.
👉 Objetivos del Código de Procedimiento Penal
Son muchos los objetivos legales perseguidos por este Código, brindar cobertura a cualquier caso, proteger a los implicados y garantizar sanciones acordes, es esencial.
La jurisdicción penal es básica para cubrir todo el territorio nacional, así se juzgarán delitos sin impedimentos legales que puedan entorpecer el desarrollo del caso.
Para cumplir con los objetivos que rigen el Código de Procedimiento Penal, existen varios órganos encargados de cada facultad y poder judicial.
Son los siguientes: Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Juzgados Penales de Circuito especializados, sala de Circuito y Juzgados Penales Municipales.
El Congreso de la República y la Fiscalía también cuenta con competencias para abordar casos de procedimientos penales, según sea el expediente solicitado.
Cada uno de los órganos mencionados, se encarga de determinados caso ligados a estados y delitos civiles, que varían de acuerdo a la causa.
El territorio nacional se divide, para pertinencias legales y procesales, en distritos, circuitos y municipios, para cualquier caso que sea presentado.
Cada juez debe estar al tanto del evento que impulsa un caso, además de conocer el lugar del acontecimiento y apegarse a lo estipulado.
👉 Funciones del Código de Procedimiento Penal
Aparte de brindar garantías esenciales en la defensa propia de los derechos civiles, respetar libertades y organizar el territorio nacional para procesos penales, hay otras.
Cada delito cuenta con una unidad procesal, es decir que cada caso será resuelto de manera única sin conectar otros, respetando hechos y pruebas.
Destaca la calificación de funcionarios judiciales, sus competencias y organización administrativa, además de establecer cuando debe ser apartado de algún caso.
El Estado está obligado a esclarecer hechos y resolver casos penales, valiéndose de la competencia que posee la Fiscalía General de la Nación. Por eso es que cada persona debe ofrecer ayuda, denunciar y no intervenir en la obstrucción de investigaciones procesales.
Administrar bienes, suspender poderes e imponer sanciones devolver bienes o cancelar derechos jurídicos, son otras de las funciones contenidas en este Código.
👉 Entidades ligadas al Código de Procedimiento Penal
Algunas de esas entidades son: La Fiscalía General de la Nación, el Congreso de la República y el Ministerio Público, cada uno se encarga de algo. La Fiscalía tiene los deberes de investigar con cada funcionario, los presuntos implicados en algún delito, ordenar investigaciones y dirigir y coordinar medidas legales.
El Ministerio Público también puede intervenir en un determinado proceso penal, si algún orden o bien jurídico es vulnerado. Cada funcionario de este Ministerio tiene los poderes para cumplir un rol esencial en cada proceso penal que esté relacionado.
Vigilar y garantizar los derechos fundamentales de cada ciudadano, organizar decisiones, regular las funciones de los jueces y proteger a las víctimas, son otras funciones del Ministerio.
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